Castilla-La Mancha ha iniciado, durante este otoño, la tramitación de la Ley de Economía Circular, con la finalidad de incorporar al ordenamiento jurídico de la región los principios de la Economía Circular en distintos sectores, en armonía con las nuevas medidas de la Unión Europea. Se busca mejorar la vida de las personas en la región mediante el impulso de la competitividad y el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de condiciones que favorezcan un desarrollo sostenible desacoplado del consumo de recursos no renovables y de la producción de externalidades negativas. Además, debe servir para la lucha contra el cambio climático y promover un paso hacia la economía hipocarbónica.
Entendemos como Economía Circular al modelo económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y que optimiza el uso de los recursos naturales, cierra los ciclos de agua, energía y materia, minimiza los impactos ambientales, y fomenta la eficacia al conseguir que los productos y recursos mantengan su utilidad y valor el mayor tiempo posible. Por tanto, se trata de cambiar los mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, reduciendo el consumo de materias primas, energía y recursos, y a su vez evitando emisiones y pérdidas materiales. El patrón actual de crecimiento económico se ha revelado insostenible, y eso hace necesario sustituirlo por un modelo de desarrollo basado en el uso óptimo de recursos, materias y productos, reduciendo al mínimo la generación de residuos.
A la par el gobierno regional ha aprobado la Estrategia de Cambio Climático, Horizontes 2020 y 2030, que adecúa la Estrategia de 2010 a los nuevos compromisos nacionales y europeos en los horizontes 2020 y 2030 mediante la revisión de los objetivos y actualización de las líneas estratégicas y medidas, aun reconociendo su total vigencia tras la comparación con las actuales estrategias y hojas de ruta, nacionales y europeas. Mantiene tanto los principios estratégicos como la mayoría de áreas y medidas e incorpora las novedades que emanan de los nuevos compromisos y recomendaciones realizadas en el seno de la Unión Europea. La finalidad de la revisión ha sido adaptarla a la realidad existente, la mejora continuada en base a las nuevas obligaciones y experiencia acumulada mediante una simplificación, practicidad y aplicabilidad de las medidas recogidas con el objetivo de contribuir al desacoplamiento entre crecimiento y emisiones, alcanzar los objetivos de reducción en 2020 y avanzar en las alternativas para futuros objetivos 2030.
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