La adaptación de las actividades económicas a los nuevos escenarios climáticos requiere poner en marcha un proceso de inversiones en la adecuación de las infraestructuras y equipamientos, tanto públicos como privados. La movilización de recursos no se produce de modo automático en respuesta a los mecanismos de la economía liberal, sino que requiere la concertación consciente de todos los agentes: administraciones, empresarios, sindicatos y asociaciones ciudadanas. De modo que es necesaria la coordinación de inversiones públicas, privadas y mixtas.
Las inversiones en adaptación al cambio climático son un hecho político antes que económico.