España se enfrenta al reto del consumo responsable, no solo fomentando una producción más limpia y mejores productos, sino cambiando los hábitos de consumo proporcionando una mejor información a los ciudadanos sobre los productos que consume y con ello elevar el nivel de concienciación de la sociedad sobre los problemas relacionados con la sostenibilidad.
El GT de CONAMA sobre Compra Pública ha continuado trabajando desde 2016 para favorecer el desarrollo de una compra pública y privada que incluya clausulas ambientales, sociales e innovadoras. En este tercer año, y una vez promulgada la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, la administración se enfrenta al reto de cómo implementarla.
La nueva Ley de Contratos introduce normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores. Las consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo podrán incluirse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución, siempre que estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrar. En particular, la Ley impone la obligación al órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o relativas al empleo.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, en la presente sesión se expusieron los trabajo que se desarrollan desde el Ministerio de Transición Ecológica y una selección de experiencias de como diferentes entidades han acometido el nuevo reto.
Puedes disponer del resumen de la sesión elaborado por los voluntarios de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) pinchando
aquí.