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Lo más barato puede ser lo más caro para el bolsillo ... y el medio ambiente

24/11/2016

La contratación pública representa aproximadamente el 18% del PIB de España, por lo que se considera que si se realizara fijando criterios ambientales, éticos y sociales como marca una nueva directiva europea, sería un potente motor de cambio de la sociedad. Esa es la temática que aborda el grupo de trabajo Contratación y compra pública sostenible e innovadora (GT-6), coordinado por la Asociación para la sostenibilidad y el progreso de las sociedades (ASYPS).

Hasta tiempos recientes ha imperado entre las administraciones públicas la máxima de comprar o contratar la oferta más barata. Pero desde la aprobación en 2014 de la  nueva directiva europea sobre contratación pública, la valoración debe empezar a tener en cuenta otros criterios en línea con el objetivo europeo 2020 de alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
 
“Estamos hablando de un cambio de mentalidad”, sostiene Carlos García Delgado, relator del grupo de trabajo Contratación y compra pública sostenible e innovadora (GT-6) de Conama 2016, “pues los valores sociales y ambientales a tener en cuenta son tan importantes o más que el precio”, razona. “En términos ambientales es muy típico el análisis del ciclo de vida del producto. Puedo tener un material que de partida es más caro pero más duradero, por lo que tendré que utilizar menos recursos que si lo tengo que reponer más rápidamente. Por tanto, al final sale más barato y tiene una menor incidencia en el medio ambiente”, explica García Delgado. “En el caso de la repercusión social, si un producto o servicio que se oferta procede de proveedores locales, comunidades desfavorecidas o industrias tradicionales, por poner algunos casos, esta circunstancia puede inclinar la balanza en la adjudicación final”.
 
Un ejemplo reciente de contratación pública dentro de estos criterios es el del dique de San Andrés del puerto de Málaga. “Lo que hizo la autoridad portuaria fue, en vez de presentar un pliego cerrado de condiciones sobre requerimientos técnicos, dejar abierta la posibilidad de que se ofrecieran variantes al diseño tradicional de diques, siempre y cuando se cumplieran los objetivos de resistencia al oleaje. La entidad adjudicataria diseñó un nuevo tipo de material de escollera, los llamados cubípodos,  que presentaban varias ventajas con respecto a los tetrápodos clásicos:  eran menos caros de construir, resistían mejor el oleaje y a la vez suponían un menor consumo de materia prima en su diseño y fabricación. En conjunto resultaban más respetuosos con el medio ambiente”.
 
Junto al caso que describe García Delgado, existen otros que ejemplifican esfuerzos de administraciones públicas en la misma dirección. El  LIFE + Ecoedición, desarrollado por la Junta de Andalucía entre 2010 y 2014, buscó ser un referente en la contratación pública sostenible aplicándolo al ámbito de las publicaciones, un sector en el que se consideró relativamente sencillo ensayar un proyecto piloto sin provocar un sobrecosto económico y de carga de trabajo.

Se escogieron varios criterios, y entre los de tipo material, los aplicables al tipo de papel y a las tintas de impresión. El objetivo de fondo era concienciar a las administraciones de que la contratación pública puede ser utilizada como una herramienta estratégica para mejorar el medio ambiente y la vida económica y social mediante el fomento de la inclusión y el desarrollo de productos más sostenibles. Durante el desarrollo del proyecto se identificaron una serie de dificultades, como la escasa representación de pliegos con criterios socioambientales, la falta de sensibilización del personal del servicio de publicaciones e incluso la competitividad empresarial basada en una estrategia de precios a la baja propiciada por la crisis. Precisamente uno de los resultados del LIFE + Ecoedición fue la elaboración de un manual que pueda servir de referencia para las administraciones.
 
Durante la sesión técnica del Conama 2016 se expondrán las distintas herramientas de cálculo en términos sociales y ambientales. Obviamente, para que se puedan comparar entre las distintas soluciones tiene que haber unos criterios homogéneos. Hay herramientas de cálculo de ese valor añadido en términos sociales o ambientales.
 
La contratación pública representa aproximadamente el 18% del PIB de España, por lo que se considera que si se realizara fijando criterios ambientales, éticos y sociales, sería un potente motor de cambio de la sociedad. El grupo de trabajo Contratación y compra pública sostenible e innovadora (GT-6), está coordinado por la Asociación para la sostenibilidad y el progreso de las sociedades (ASYPS).