El gasto público puede impulsar una economía más sostenible

 

La contratación y compra pública en España es de aproximadamente el 18,5% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, conseguir que las Administraciones Publicas sigan criterios ambientales, sociales e innovadores supondría una herramienta fundamental para avanzar en la implantación de la economía circular y cumplir los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

La trasposición de la directiva europea a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en marzo de este año ha abierto nuevos caminos en este ámbito. Como novedad, dispone que las Administraciones Públicas deben tener en cuenta no solo factores económicos en sus contrataciones de servicios y compra de productos, por lo que se deben incluir otros criterios, más allá del precio, para valorar las ofertas de las empresas.

Este es el caso de la integración de: aspectos éticos,  como la contratación de personas en riesgo de exclusión social; criterios ambientales como el uso de materiales reciclados; o innovadores como el uso de avances científicos en los procesos y fases de la contratación.

Hasta ahora, la contratación y compra pública sostenible e innovadora se ha desarrollado muy poco en España. Con el objetivo de aportar soluciones, se ha reunido durante tres años consecutivos el Grupo de Trabajo Compra Pública Sostenible e Innovadora de Conama (GT-21). “En Conama 2016 formalizamos los conceptos base. En el Conama Local de 2017 de Valencia recogimos experiencias concretas y, este año, pretendemos ir más allá, y ver las oportunidades que tienen las Administraciones de aplicar criterios ambientales, sociales e innovadores a raíz de las nuevas disposiciones de la ley”, explica José Luis De la Cruz, miembro del área técnica de la Fundación Conama y de dicho grupo de trabajo.

Desafíos y oportunidades

A pesar de que no son conceptos nuevos, han surgido diversos problemas que dificultan la puesta en marcha de la compra pública sostenible. “El primer problema que te encuentras es el interlocutor, es decir, no hay una centralización de las compras en las Administraciones y cada uno sigue unos criterios diferentes”, apunta De la Cruz. 

Para José David Moreno, miembro del grupo de trabajo y representante de Humana, fundación gestora de contenedores de recogida de residuos textiles, esto es un factor al que han debido de hacer frente en numerosas ocasiones. “Actualmente, nos encontramos que en España hay Administraciones Públicas donde te encuentras pliegos de contratación en el que el 70% u 80% de los criterios son económicos en vez de sociales y ambientales. Esto debería ser al revés. Desde Humana queremos trabajar para que a partir de ahora la ley se aplique de manera honesta y realista al sector de la recogida de residuos urbanos”.  

El segundo problema que se observa en el ámbito de la compra y contratación pública sostenible es la falta de formación. “Los Ayuntamientos más pequeños carecen de capacidad o conocimientos técnicos para aplicar estos criterios”, explica el técnico de Conama.

Como se puede ver, aunque el camino de la compra y contratación pública sostenible se ha iniciado, todavía tiene que ser ampliado y consolidado hasta conseguir un nuevo modelo económico. En este sentido, el grupo de trabajo elaborará este año un documento que recoja medidas explicativas y recomendaciones que ayuden a facilitar el proceso. En palabras de De la Cruz: “Nos encantaría que esto se consolidara y, en el próximo Conama poder tratar ya la compra pública circular. No hay tiempo que perder. El cambio debe ser ahora”.